María Sanchíz, socia de PwC, nos ofrece las principales claves fiscales y legales para ganar el partido de la crisis.
Las claves para gestionar la caja frente a Hacienda y la Seguridad Social |
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Es casi un hecho que la primera medida que debe tomarse en un escenario difícil es la reducción de costes. El ideal es que ello no impacte en el proceso productivo. Las reorganizaciones empresariales y la optimización fiscal pueden ser una buena respuesta.
Con independencia de la responsabilidad personal en que pueda incurrir un administrador de una entidad insolvente, el mercado y las leyes son cada vez menos tolerantes con aquellas entidades que afrontan esta situación sin transparencia o con desconocimiento de las obligaciones e instrumentos que existen para intentar paliar o sobreponerse a la misma. Hoy más que nunca, la ignorancia del derecho no exime de su cumplimento.
Al igual que una entidad financiera no puede dejar de estudiar las nuevas medidas de soporte público y saneamiento de sus activos, otras compañías no pueden desechar el análisis de posibles ayudas, oportunidades de desinversión, incentivadas o no y, en general, nuevas formas de explotación de activos.
Cuando mis clientes o proveedores comienzan a no responder, no sólo mi negocio puede estar en peligro desde un punto de vista puramente económico, las consecuencias jurídicas trascienden la relación con esa parte y obligan a tomar decisiones desde una perspectiva más estratégica. El poder resolver un contrato en particular o no tener que cumplir con el mismo dependerá de que lo hayamos previsto debidamente y puede, además, significar que evitemos vernos arrastrados a una cadena de incumplimientos con terceros.
En un entorno de crisis y en el que los ingresos públicos disminuyen, las situaciones de conflicto entre administración y particulares tienden a incrementarse. Se hace imprescindible conocer dónde hay interpretaciones controvertidas, situaciones que sistemáticamente atraen la atención de los reguladores y, en general, tener conciencia y adelantarse para evitar cuando menos, esfuerzos y molestias derivados de un mayor control de los poderes públicos.
